El Gobierno español abogará el próximo mes de junio ante sus socios europeos por suprimir, de manera definitiva, las medidas sancionadoras impuestas en 2003 a Cuba tras la llamada «Primavera negra», en la que fueron encarcelados 75 opositores al régimen. Las medidas, que incluían la invitación a los disidentes a las fiestas nacionales de las embajadas europeas y la limitación de las visitas oficiales a Cuba, fueron suspendidas de manera temporal en 2005, también a instancias de España.
El futuro de las relaciones con Cuba flotará en el ambiente de la cumbre UE-América Latina de la próxima semana en Lima, aunque no es un asunto que esté en la agenda ni será el lugar para tomar decisiones. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, podría mantener un contacto con el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.
El año pasado, en el Consejo de Asuntos Generales del mes de junio, el Ejecutivo español intentó ya que se pusiera fin a las medidas, pero no consiguió convencer a todos los países europeos de que se unieran a su idea. Lo que sí logró fue que en el texto aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores no se hiciera mención, por vez primera, a la «posición común» europea adoptada en 1996. En esa «posición común» se reclama a Cuba que fomente un proceso de transición democrática hacia la democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y una «recuperación económica sostenible» y se insta al diálogo entre las autoridades y todos los sectores de la sociedad cubana.
Una señal
Esa ausencia de referencia a la «posición común» europea fue una señal que los Veinticinco decidieron lanzar a las autoridades cubanas, a las que invitaron a establecer un diálogo con la Unión Europea desplazándose a Bruselas.
Pese a su afán por abrir las puertas europeas al régimen cubano, el Gobierno español se dio un plazo de un año para ver la evolución de la situación en Cuba, con la idea de que si después de ese tiempo no se habían registrado resultados concretos o se había producido un deterioro del respeto de los derechos humanos, se deberían adoptar nuevas medidas en relación con el régimen.
Ahora, el Gobierno estima que la evolución ha sido positiva y valora las medidas adoptadas en los últimos meses por Raúl Castro permitiendo, al menos en teoría, el acceso de los cubanos a algunos bienes y servicios que hasta entonces les estaban vedados (ordenadores, teléfonos móviles, hoteles...). Además, piensa que ha habido buenos resultados de las reuniones del mecanismo de diálogo sobre derechos humanos puesto en marcha por España con Cuba, tras la visita del ministro a la isla en abril de 2007. Entre ellos, se cita que Cuba ha firmado ya varios convenios internacionales sobre derechos humanos y que cuatro presos políticos con problemas de salud han sido excarcelados, aunque la realidad es que fueron expulsados a España.
Las autoridades españolas son conscientes de que estos hechos no significan unos cambios espectaculares y que queda mucho por hacer, entre otras cosas, la liberación de todos los presos de conciencia, y, en el caso particular de España, la devolución del Centro Cultural español del que se incautó el régimen castrista en septiembre de 2003.
De todos modos, a pesar de ello, se apostará por ofrecer una nueva señal a Raúl Castro suprimiendo definitivamente las medidas de 2003, que es precisamente algo que viene demandando el régimen castrista desde hace tiempo para poner en marcha el diálogo con la UE, y que repudian los disidentes del interior de la isla.
En junio
La propuesta española se verá, previsiblemente, en primer lugar en alguna de las reuniones del Consejo Europeo para América Latina (Colat) o en el Comité de Política y Seguridad de la UE (Cops) que se celebrarán en el mes de junio, antes del Consejo de Asuntos Generales que debe estudiar si se revisa la «posición común» europea. En cuanto a abogar por un cambio en esa posición, el Gobierno español no tiene aún tomada una decisión definitiva, entre otras razones porque se ve difícil lograr unanimidad para ello.
MADRID. El Gobierno estadounidense considera que Raúl Castro debe dar «señales más claras» de que se va a realizar una transición a la democracia y cree que las medidas adoptadas hasta ahora no son significativas. Así lo dijo ayer a un grupo de periodistas el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Hugo Llorens.
Llorens reconoció que las tácticas de España y de Estados Unidos son diferentes con respecto a Cuba, aunque precisó que se comparte el objetivo de lograr que el pueblo cubano pueda decidir su futuro libremente. No quiso pronunciarse sobre el mecanismo de diálogo sobre derechos humanos que España mantiene con Cuba, si bien dijo que las autoridades españolas mantienen informadas de su marcha a las norteamericanas.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, tendrán oportunidad de hablar de nuevo sobre Cuba el próximo día 19 en Washington.
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